El Paraninfo de la Universidad La Guajira, en ciudad de Riohacha, epicentro de una sesión más del Consejo Nacional de Rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE), procurando avanzar en el proceso Educación Superior. Acto presidido por JAIRO TORRES OVIEDO, rector de la Universidad de Córdoba.
COMUNICACIONES UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Durante la sesión del Consejo Nacional de Rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE), celebrada en la Universidad de La Guajira en Riohacha y con la presencia del viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, los principales representantes de las universidades públicas del país expresaron su apoyo a la propuesta de un Acuerdo por la Educación Superior.
Esta reunión fue destacada como un espacio esencial para la articulación de políticas y el fortalecimiento del sistema universitario público. En esta sesión, los miembros del Consejo Nacional de Rectores del Sistema Univers…
Esta reunión fue destacada como un espacio esencial para la articulación de políticas y el fortalecimiento del sistema universitario público. En esta sesión, los miembros del Consejo Nacional de Rectores del Sistema Universitario Estatal analizaron el camino recorrido hacia una reforma integral de la Ley 30, comprometiéndose a avanzar en un acuerdo nacional que defina prioridades, metas y estrategias conjuntas para mejorar la calidad y sostenibilidad del sistema, teniendo en cuenta el camino recorrido hasta la fecha.
"Avancemos en el acuerdo enfocándonos en lo esencial. Los rectores estatales confirman una primera comisión que contribuya al debate regional sobre la modificación de la ley. Acordamos la conformación de esta comisión para comenzar a trabajar con miras a la radicación del proyecto de ley", dijo el viceministro de Educación Superior.
En el encuentro con los rectores, se subrayó la urgente necesidad de trabajar a través de la comisión para avanzar en una reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 como una medida clave para asegurar la financiación adecuada de las instituciones de educación superior (IES) públicas.
El rector de la Universidad de Córdoba y presidente del SUE, Jairo Torres Oviedo, elogió el compromiso del Gobierno con un acuerdo por la educación superior afirmando: "En esta legislatura, tenemos la oportunidad histórica de reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 para que la universidad pública pueda planificar su crecimiento y desarrollo de manera sostenible, en armonía con nuestros territorios y nuestra responsabilidad social. Es un compromiso que debemos cumplir en este semestre, trabajando de la mano con el Ministerio de Educación y el Plan Nacional de Desarrollo."
El viceministro de Educación Superior destacó que el mandato de reformar el sistema de educación superior ha sido ampliamente discutido y consultado contando con la participación de la comunidad académica y los rectores de las universidades públicas. "Estamos en la mitad del camino y, aunque hemos logrado avances significativos, aún tenemos grandes retos por delante para alcanzar la ampliación de la cobertura y la reforma sustantiva del sistema educativo," expresó Moreno Patiño.
Vale la pena destacar que el ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín, ha mantenido una serie de encuentros con diversos actores del sector para sumar aliados a esta gran causa.
Además de las discusiones sobre la reforma financiera, la sesión del SUE facilitó un diálogo entre el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y el SUE, enfocado en la oferta institucional del programa Renta Joven, subrayando su importancia para apoyar a la juventud colombiana en su acceso y permanencia en la educación superior.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) también informó a los rectores sobre el progreso en la asignación de 70 inmuebles a las universidades públicas. Este esfuerzo tiene como objetivo principal fortalecer la infraestructura educativa y mejorar las condiciones de enseñanza para los estudiantes. Los inmuebles provienen de procesos de extinción de dominio y su entrega busca generar valor social, tal como lo promueve la SAE bajo la administración de activos recuperados de actividades ilícitas.
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