JAIRO MIGUEL TORRE OVIEDO, rector de la Universidad de Córdoba, en su reciente editorial institucional de los fines de semana; aborda el complejo tema de la minería del oro en el territorio departamental, tratando la parte de ilegalidad sobre todo en la parte o subregión sur. Dado existir un total de afectación contra el medio ambiente de 5.291 hectáreas, equivalente con el 211,064% del total del área contabilizada en la extensión departamental de 2 millones 506 mil 822 hectáreas del territorio cordobés.
La fustigación o cuestionamiento crítico y ambientalista de Torre Oviedo, se concentra tras un estudio de análisis de la existencia minera ilegal al sur cordobés, detallado de la compleja geografía política del sur departamental en que aparece ubicada la explotación minera. Específicamente trata de un territorio rural, conocido tradicionalmente agropecuario, que en estas últimas décadas ha permanecido en una expansión de la actividad minera; por una parte, de la mano de la pequeñas explotaciones artesanales yendo adquiriendo cierto grado de mecanización en la extracción del oro, y por tanto, a través de grandes explotaciones mineras a cielo abierto, caso de Cerro Matoso primero, dedicada a la extracción de ferroníquel, estando sobre la que se planea abrir por la empresa Minerales Córdoba S.A., con miras a explorar las reservas de cobre ubicada sobre el mismo territorio de la Mina El Alacrán.
EDITORIAL DE JAIRO MIGUEL: Desde su configuración espacial, el sur de Córdoba ha sido un territorio estratégico en el contexto del Caribe colombiano. Por el occidente se accede al Mar Caribe, Golfo de Urabá y Océano Pacífico; además, se comunica por vía terrestre con el norte del Chocó y Panamá, donde cuenta con 300 kilómetros de frontera. Por el Oriente limita con el Bajo Cauca, Nordeste antioqueño y sur de Bolívar; zonas mineras productoras de oro desde la época de la colonia.
El contexto minero y social del sur del departamento de Córdoba está determinado por la gran cuenca de minería aurífera del Bajo Cauca antioqueño; que tiene sus extensiones en los municipios de San José de Uré, Puerto Libertador, Montelíbano, La Apartada, Ayapel y Planeta Rica; donde existe una histórica extracción de oro, que en estos tiempos se ha hecho violenta; debido al control que sobre esta actividad ejercen actores armados ilegales bajo dominio del narcotráfico; labor realizada en una extensión aproximada de 20 mil hectáreas.
Importante señalar, que las personas que se dedican a esta actividad económica informal e ilegal, lo hacen ante la inexistencia de otros medios de producción que les permita subsistir dignamente; debido a que estos territorios están caracterizados por condiciones de pobreza multidimensional, necesidades básicas insatisfechas e informalidad en la tenencia de la tierra; en donde la presencia del Estado, ha sido ausente, impidiendo la realización de derechos; y con ello, el dominio de actores “paraestatales” al servicio del tráfico ilegal de drogas.
La minería como actividad económica ilegal genera alrededor de dos toneladas de oro al año, comercializada en algunos municipios del Bajo Cauca; entre estos: Caucasia, Nechí y Tarazá; lo cual produce millones de pesos al año; lo que, sin duda, se convierte en un modelo económico y productivo ilegal que configura, nuevas formas de relaciones socioeconómicas, dependencia y control territorial; construidas sobre el miedo y la pobreza. A esto se suma, la generación de problemas ambientales, como lo es la contaminación de ecosistemas acuáticos, deforestación, erosión; convirtiendo ríos en corrientes de mercurio, destrucción y alteración del sistema hídrico, animal y humano.
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