Tardaron 26.816 días, equivalentes a 74 años, cinco meses y 24 días, desde que, el campesino interiorano, Pedro Antonio Marín Marín, alias “Manuel Marulanda Vélez” o “Tiro Fijo”, con un mocho de escopeta se internara a las montañas colombianas y convertirse en el primer hombre rebelde de las guerrillas liberales, en protesta por el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán, el nueve de abril de 1948 en la ciudad de Bogotá; tiempo el cual cumple el Conflicto Armado Interno, para que, mediante acto legislativo, con iniciativa del Presidente Gustavo Petro Urrego, pudiese aprobarse el proyecto de Ley “PAZ TOTAL”, en la República de Colombia.
En la mañana de este lunes 24 de octubre inició en el Congreso de la República el debate para la aprobación del proyecto de ley de Orden Público, el cual convierte a la paz en política de Estado, lo que el presidente Gustavo Petro ha designado como “Paz Total”.
El escenario era ampliamente favorable, pues la bancada del Pacto Histórico y otras ligadas a la coalición de gobierno estaban de acuerdo en darle luz verde a la ambiciosa propuesta del presidente Gustavo Petro.
Precisamente, eso ocurrió: con 69 votos a favor y 13 en contra fue aprobada la ponencia positiva de la Ley 418, la cual va sin los ‘micos’ cuestionados por la oposición relacionados con el indulto a integrantes de la primera línea involucrados en actos delictivos durante manifestaciones y la posibilidad de que fueran gestores de convivencia.
LOS PUNTOS CONTROVERSIALES
Los puntos de la controversia fueron tres artículos puntuales. Dos de estos eran sobre indultar y declarar gestores sociales de los condenados por delitos cometidos en el marco de la protesta social.
El otro texto controvertido le daba poderes extraordinarios al presidente Gustavo Petro para establecer por decreto la política de sometimiento de bandas criminales.
Ante la controversia, los ponentes del proyecto y el Gobierno acordaron eliminar los tres puntos para evitar que no corriera peligro la iniciativa básica para la política de “paz total”.
Esto no gustó a algunos miembros de la bancada de gobierno, sobre todo del Pacto Histórico, que rechazaron la determinación y que aseguraron que buscarán la forma que estos puntos sean tramitados como una forma de cumplir a los jóvenes de la primera línea.
LOS CAMINOS TURTUOSOS
Prácticamente desde la campaña por la Nueva Constitución Política Nacional de 1991, hubo voces alternativas salidas de las rondas del M-19, el intento por lograrse, algún día de la historia, un tratado de paz.
Y, en plenos debates constitutivos se alzaron los tonos de muchas voces inconformes por la larga guerra, la violencia, por ende, el mismo conflicto armado interno.
Siendo en 1994, gobierno del liberal, Ernesto Samper Pizano, la iniciativa de paz toma mayores impulsos, obteniendo significativos avances. Pese a resquebrajamientos en los mandatos de Andrés Pastrana y negativismo total, en los dos periodos “Uribistas”, resulta factible resumirse, en el 2016, segundo mando de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un importante Acuerdo de Paz que daría un aproximado fin a un conflicto armado de más de 60 años, en esa época. Este Acuerdo para ser implementado necesitaba una reglamentación legal que debía pasar por la votación del Legislativo para tener seguridad jurídica. Esto se hizo bajo el mecanismo de ‘Fast Track’ o ‘vía rápida’, que reducía los tiempos comunes de los trámites legislativos, con el objetivo de tener celeridad y mantener la estabilidad de lo pactado. Las votaciones para aprobar dicha reglamentación iniciaron con el comportamiento legislativo común de dicho Gobierno: su bancada era mayoritaria y había una bancada de oposición cohesionada pero cuya capacidad legislativa era menor. En medio del periodo de votación el partido Centro Democrático, el único partido declarado en oposición al Gobierno, demandó el Acto Legislativo para la Paz ante la Corte Constitucional y esta falló a su favor cambiando las reglas de juego y el mecanismo de ‘Fast Track’. A partir de ese momento los legisladores empezaron a votar diferente a como lo habían hecho durante la legislatura. Por ello, este estudio se propone analizar el comportamiento legislativo en el Congreso de los partidos de la Unidad Nacional y la oposición al gobierno de Juan Manuel Santos en las votaciones de los proyectos para la implementación del Acuerdo de Paz antes y después del fallo. Palabras clave: ‘Fast Track’, votaciones nominales, bancada de oposición, unidad nacional, comportamiento legislativo, implementación del Acuerdo.
En estos momentos, cuando aún el país nacional aparece enlodado con la pandemia viral del Covid 19, y en medio de tormentas partidistas, venidas de un trenzado debate electoral por la presidencia 118, el nuevo Jefe de Estado, Gustavo Petro Urrego, nativo del pueblo “lorano”, ramal de la cuenca hidrográfica del Sinú, se atreve a presentar el proyecto de Ley 418, en el que se trata de la PAZ TOTAL, tras darse aprobación a la ponencia positiva, resultando derrotados los sectores partidistas que, entre otras circunstancias, han sido el “terror” nacional, marcando momentos crueles en contra la democracia del pueblo colombiano.
Este giro victorioso por cambiarse la historia colombiana, estalla a los dos meses y 17 días de asumir el Presidente cordobés, las riendas del país mayormente desigual de América. Por cierto, sede o cuna de una de las guerrillas más antiguas del planeta, las FARC. Movimiento rebelde, hoy acomodado a la vida civil con cinco curules en el Senado de la República a través del partido llamado “Comunes” y con una minúscula célula subversiva, operando desde la clandestinidad.
Pues entonces, los 51 millones 430 mil colombianos, deben hallarse mirando con otras expectativas su país sumido a la guerra armada y política, incluso desde la conquista española, hasta los presentes días.
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