LAS TIERRAS DEL RESGUARDO ZENÚ Y LA REFORMA AGRARIA

En vista del programa de tierras, centrado en una Reforma Agraria, planeada por el gobierno del presidente Gustavo Petro; el periodismo investigativo MILENIO, ha realizado un trabajo tipo histórico de 450 años continuos, referenciados con la vitalidad soberana del Resguardo Zenú de San Andrés de Sotavento, incluyendo solamente el Departamento de Córdoba. Ajustándose (al libro “Tierra Profanada” tratando el conflicto indígena nacional, dependiente de la Comisión de Superación de la Violencia – Pacificar la Paz de la Comisión Andina de Justicia – CECÓN- Bogotá 1992).

Conviene partirse desde 1773, época la cual, la Corona Española, crea el Resguardo Zenú (Córdoba y Sucre) con una extensión de 83 mil hectáreas, por el Departamento de Córdoba hoy, aparecen registrados con mayor territorio los municipios de: San Andrés de Sotavento, Chimá, Tuchín, Momil, Purísima y menores: Chinú, Ciénaga de Oro y Sahagún.

Pese a que los cinco primeros, aparecen con una longitud total de 104 mil 900 hectáreas, menos 23 mil correspondientes a la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, el interrogante gira entonces, ¿qué se hicieron 72 mil 600 hectáreas despojadas al Resguardo Zenú? por lo que, en este 2022, solamente se habla de recuperadas alrededor de 12 mil hectáreas en cuanto al Departamento de Córdoba.

De las 83 mil hectáreas que registraba cuatro siglos y medios, el Resguardo Zenú, hacen 34 años solo mantenían unas 3 mil, es decir, el 3,5% de su territorio histórico, pasando el resto a manos ajenas en las primeras ocho décadas del siglo 20. Fue entonces, las reclamaciones y acciones de recuperación de los aborígenes en 1988, les permitieron recobrar las restantes, estimadas en unas 7 mil, completando un total de 10 mil hectáreas, equivalente al 12% de la superficie libre del resguardo.

Asegura el informe oficial: “entre los Zenú del Resguardo de San Andrés de Sotavento, correspondiente a inicio de su proceso organizativo y reivindicatorio de las tierras, el conflicto social, hasta el momento, deja 20 muertes indígenas en sendas confrontaciones en su gran mayoría de ellas capitanes y demás dirigentes de la etnia pertenecientes a las comunidades. Siendo también extensa la relación de allanamientos, torturas y detenciones arbitrarias ejecutadas por la fuerza pública, con ocasión de toma de predios particulares que aparecen dentro del territorio perimetral del resguardo. La presencia y la labor de adoctrinamiento cumplida por grupos políticos y grupos armados ilegales, que han visto entre los Zenú de San Andrés de Sotavento la perspectiva de una amplia base de apoyo de sus proyectos, han contribuido a desdibujar de justicia histórica y legal de las reclamaciones y luchas indígenas para asignarlas al de acciones subversivas”.

La situación de crisis agraria, tanto entre el pueblo descendiente Zenú, igualmente, comunidades libres de campesinos en el Departamento de Córdoba; pese a las áreas ganadas en estos años, ha resuelto mínimamente el conflicto. Por lo que, aún, no se aprecia con claridad de posibles soluciones, dada la magnitud de resolverse la escasez de tierras laborables. El Sinú y Córdoba, con 120 años de lucha agraria, tras series de organizaciones campesinas, entre ellas, la ANUC, no existe siquiera un censo exacto que pueda fundamentarse en un posible acuerdo entre las partes.

Siendo entonces, para opiniones de directivos del cabildo central, un personaje aun inferior al 80% de las 2 mil 834 familias conformantes del pueblo Zenú, careciendo de tierras donde trabajar.

Por supuesto, el sector menor poblacional del 30%, hace más de 35 años sobrevive, en los territorios de San Andrés de Sotavento y Tuchín, especialmente, del trabajo del jornal y de manera ocasional. En ambos territorios municipales, campea la corrupción política y administrativa, viendo miserias, dado percibir artesanos de la trenza y el sobrero de vueltas, sufriendo todas las consecuencias sociales. Toda la culpabilidad recae en los manejos políticos gubernamentales, tras acapararse todos los recursos económicos nacionales apropiados a los aborígenes. Hallarse las consecuencias de los mismos ordenamientos políticos infundados por gobiernos, solamente favoreciendo a intereses particulares. Algo bastante aparecido a los primeros años del siglo 20, cuando se vivía el predominio de las compañías petroleras.