Draga minera ilegal dinamitada por orden del Presidente Petro
Hoy el Consejo de Estado profiere una histórica sentencia de 475 páginas en materia ambiental y minera; poniendo un “taque quieto” al “desbarajuste y el desorden institucional y déficit de protección ambiental en las reglas existentes para tramitar y otorgar tales solicitudes en Colombia”.
Fallo de magnífico recibimiento por los ministerios del Medio Ambiente y de Minas, respectivamente, cuando ambas carteras ya venían trabajando de cómo componer tan desorbitante crisis por la actividad ilegal y clandestina dado el funcionamiento de 3.600 minas ilegales, dependiendo de ellas, solo los ingresos de 15 mil familias, según revelaciones hechas por la Defensoría Nacional del Pueblo.
La serie de órdenes estructurales dictadas por el Consejo de Estado buscan resolver el problema sobre una discusión de diez años alrededor de la denominada ¡ventanilla minera!, para la concesión de títulos mineros, asegura la sentencia oficial.
Algo increíble, el ejercicio de fiscalización mostró que de los 10.061 títulos mineros en Colombia, 7.533 están en manos de empresas y personas naturales colombianas; y 1.028 los tienen empresas multinacionales para 8.561, equivalente al 85,61%; mientras 577 están en cabeza de resguardos indígenas; 113 los tienen asociaciones mineras, 40 están en poder de cooperativas y 870 corresponden a autorizaciones temporales, como las define la Ley 685 de 2001 en su artículo 116. Estas cifras reveladas el 12 de mayo de 2014, por la Agencia Nacional de Minería (ANM). Lo contrario a la creencia existente sobre que, las grandes empresas multinacionales concentran el derecho a explorar o explotar minerales bajo el mayor número de títulos mineros en Colombia, el nuevo esquema de fiscalización que adelanta la Agencia Nacional de Minería arrojó información que echa al piso ésta y otras percepciones sobre minería.
El Estado y los colombianos son los dueños del subsuelo colombiano y el derecho a explorar/explotar los recursos naturales del país (en este caso, minerales) se concede a través de títulos mineros que otorga la autoridad minera (ANM).
La información más reciente muestra que las empresas multinacionales tienen mayor presencia en el departamento de Antioquia con el 21% de los títulos, seguido por Tolima, con 15%, y Bolívar con un 10%. En el caso de los resguardos indígenas, principalmente los títulos mineros se concentran así: un 38% en Antioquia; 25% en Chocó y 7% en Guajira.
Por su parte, las autorizaciones temporales otorgadas suman 870. El departamento del Cesar cuenta con la mayor cantidad al representar un 13% del total; en segundo lugar se encuentra Santander con 12% de los títulos y Cundinamarca con 9%. En el caso de los títulos de asociaciones y cooperativas, el mayor número se concentra en Bolívar con un 26%, Santander con el 18% y Antioquia con el 9%.
El tipo de mineral que más se explota es materiales de construcción (53%) seguido por metales preciosos que representan un 39%.
Vale la pena precisar que los títulos mineros en etapa de explotación (es decir aquellos en los que se extraen minerales) ocupan un 1% del territorio nacional, sostiene el informe de la mencionada entidad minera nacional.
Cuando en la actualidad, el país cuenta con 69 áreas protegidas, equivalente a más de 14 millones de hectáreas, a esta extensión hay que sumarle las áreas regionales y las reservas de la sociedad civil nacional, estipula el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que sobre el tema, la decisión adoptada por el fallo del Consejo de Estado, señala que en el país hay áreas pertenecientes al (SINAP) que deberían estar catalogadas como zonas de exclusión o de restricción minera, pero que no lo están.Por tanto, considera el fallo, se debe hacer una completa delimitación de parte del Gobierno para así evitar que un título minero se entregue sobre un área no permitida. Con ponencia del magistrado Roberto Serrato, la Sección Primera del alto tribunal dio cuenta de un desorden asociado a la falta de vigilancia y control de dicho sistema de áreas protegidas y recordó que las autoridades no solo deben tener en cuenta las áreas excluidas que señala el Código Minero, sino también otras que han sido marcadas por otras reglamentaciones, tal y como ya ha dicho la Corte Constitucional. También señaló que la situación actual vulnera los derechos a un ambiente sano, al equilibrio ecológico, al aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su conservación, restauración o sustitución, así como a la protección de áreas de especial importancia ecológica y a la defensa del patrimonio público.
Lo anterior porque hay insuficientes parámetros ambientales que se verifican durante el trámite de evaluación de las propuestas de titulación minera; porque las “reservas de recursos naturales de manera temporal” no protegieron todos los ecosistemas estratégicos del país y porque además de la “debilidad” del Sinap, hay fallas en la articulación estatal, en la gestión de la información, en el uso de la tecnología y problemas de planeación minero-ambiental, entre otros.
Por eso, el Consejo de Estado señaló que, de acá en adelante, para solicitar un título minero, los interesados deben contar con una certificación de que la zona de interés, en efecto, es permitida para la minería.
El Ministerio de Ambiente tiene dos años para que, junto a la autoridad minera y ambiental que estime competente, elabore un documento que identifique los ecosistemas del Sinap zonificados en los que esté prohibida o restringida la minería, los ecosistemas de ese sistema en los que sí esté permitida la minería y aquellos que “no cuenten con zonificación y, por ende, con un plan de manejo que defina los sectores en donde se autoriza este tipo de actividades”. La delimitación deberá incluir las áreas de conservación in situ de origen legal que no pertenecen al Sinap como las reservas forestales, las cuencas hidrográficas catalogadas como áreas de manejo especial, las reservas forestales productoras y protectoras-productoras, las reservas de recursos naturales consignadas en el Código Minero y los humedales Ramsar y no Ramsar. A estos se suman los páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recargas de acuíferos; los arrecifes de coral, los pastos marinos, los manglares y las zonas compatibles con las explotaciones mineras en la sabana de Bogotá.
Una vez esa cartografía esté hecha, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Ambiente y el de Minas deberán hacer un documento dejando en claro las “zonas excluibles de minería” y las “zonas de minería restringida” que reporta la plataforma denominada 'Anna Minería', además de modificar los procedimientos e instructivos que tienen que ver con el uso de esas figuras. En esa plataforma, además, se deberán hacer ajustes con el propósito de implementar un módulo tecnológico que permita, en tiempo real, tramitar y fiscalizar el componente ambiental de los títulos mineros, garantizando la autenticidad, integridad y disponibilidad de la información
LOS 171 NUEVOS TÍTULOS MINEROS DE 2021.
Colombia, a través de la ANM, a lo largo de 2021, ha entregado 171 nuevos títulos mineros en el territorio nacional, en cuanto a 15 permisos, por lo que el sector minero busca aumentar la formalización y mejorar en el cumplimiento de requerimientos técnicos.
Con la entrega de 15 nuevos derechos de concesión, durante lo corrido del año y, en medio de la estrategia de reactivación del sector minero, la Agencia Nacional de Minería (ANM) ha otorgado 171 títulos para la exploración, explotación y producción de diversos tipos de minerales y elementos, como carbón, oro, ferroniquel, rocas volcánicas, paladio y cobre.
De los títulos otorgados, ocho están en la escala de mediana minería y siete en la pequeña. Los permisos en esta última ronda se dieron para la exploración de carbón, cobre, oro, plata, platino, arcilla, arena y materiales de construcción, en los municipios de Tierra Alta, Valencia, en el departamento de Córdoba; Falan en Tolima; El Zulia en Norte de Santander; Barranquilla y Puerto Colombia en Atlántico; y Yumbo y Cartago en el Valle del Cauca.
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