130 FUNCIONARIOS PÚBLICOS: DEMANDADOS EN CÓRDOBA

Foto: Sonrisas, espabiladeras, miradas y carcajadas; es la semejanza de los “13” alcaldes imputados, sindicados por delitos diversos, matriculados a diversos partidos del Departamento de Córdoba.  

Ante la admisión de demanda, por el Tribunal Contencioso Administrativo cordobés, los nuevos alcaldes de 13 entes territoriales; antes y en las elecciones territoriales del 29 de octubre últimas; venían jugando con diversidad de grupos partidistas, de manera electoral y económica; tipificando el delito de Doble Militancia. 

En iguales circunstancias, 105 concejales de siete municipios y los 12 diputados departamentales. Totales de 130 demandas, caracterizadas en el inicio de un procedimiento judicial en lo civil. Pudiendo irse a la vía penal, de acuerdo la gravedad de los delitos,  distintos a la Doble Militancia. 

Magistrados del Tribunal Administrativo de Córdoba,  por vez primera en asuntos jurídicos e históricos; coparán hasta sus momentos libres, para revisar expediente por expediente, el grueso número de demandas contra la totalidad de 130 funcionarios públicos elegidos popularmente, el domingo 29 de octubre del 2023.  

El estallido político administrativo, en la esfera local y departamental, en más de 71 años de Córdoba, dada su magnitud, al  tocarse todas las corrientes partidistas, podría catalogarse como el hecho de mayor “Corrupción política administrativa” de la historia seccional. Dando claras demostraciones de “podredumbre” de la maltrecha dirigencia departamental cordobesa. 

Son tales funcionarios públicos de elección popular: 13 alcaldes municipales, 105 concejales y 12 diputados a la Asamblea Departamental. Sus demandas en contra, aparecen tipificadas en delitos por Doble Militancia y dolos, entre las más comunes.  

Los trece alcaldes demandados son los siguientes: John Mario Berrío Soto (U-ASI) de Buenavista. Yeis Simanca Morales (U) de Canalete. Roberto Carlos Ramírez Trujillo: (Tutifrutis: U- Conservador, Liberal y Mais) de Chinú. Carlos Mario Manzur De León (misma revoltura: Liberal- Aico –Conservador) de Santa Cruz de Lorica. José Félix Martinez Bravo (Conservador, único burguero) de Moñitos.  Ramón Eduardo Calle Cadavid (Liberal) de Planeta Rica. Ovidio Hoyos Paternina (No aparece aval) de Pueblo Nuevo. Ivya Marzola Redondo (U) de Puerto Escondido. Ramón Alberto  Rubio Durango (Fuerza de la Paz) de Puerto Libertador. Bernaby  Julio Arango Almanza (Liberal- Mais) de San Andrés de Sotavento. Luis José Gonzáles  Acosta (U) de San José de Uré. William Esteban Cavadía Hernández (Liberal) de San Pelayo. Angel Darío Suárez Martínez ( ASI) de Valencia.  

Las imputaciones de cargos contra el mágico “13” de administradores municipales, equivalente al 43,33% de los 30 funcionarios cordobeses,  registran mayor gravedad jurídica, en virtud de cometimientos tipos “doble militancia” y  “peculados diversos”.  

Dado el transcurrir investigativo hacerse por los magistrados; la decisión final adoptada por el Tribunal Administrativo;  examinando caso por caso, existen remotas posibilidades en algunos de los demandados, rodarse a instancias superiores de la justicia nacional.  

La gran mayoría de los trece; sus actos se miden por la Doble Militancia, que de verificarse ilegalidades, se les anula sus elecciones de manera tajante. En estos casos, el número de alcaldes sacrificados, pasado un tiempo prudencial, se fijará convocatoria para nueva elección de forma atípica en atención a sus reemplazos. Todo ello, por la aceptación de las demandas electorales, asumida por el ente administrativo judicial de Córdoba. 

MILENIO, conoció de fuentes creíbles, de los trece alcaldes imputados, algunos correrán sus cabezas al anularse las elecciones. Representando descalabros administrativos y fracciones de orden progresista y desarrollo en diferentes territorios locales, tras las recientes tres administraciones, tanto departamental y municipales; repletas de fracasos y garrafales errores.  

De estos trece mandatarios locales, el 92,75% es fiel heredero de hechos incorrectos en sus funciones administrativas. Puesto, la reciente elección de 30 nuevas alcaldías, muchos concejos, diputados y la misma gobernación, hoy, en su primer mes de gestiones están en la “lupa de la justicia”.  

Algo de Ripley, los trece municipios cordobeses que hoy mantienen enredados a sus alcaldes, han sido los peores en administración pública, mostrando atrasos urbanos y  rurales sobre el 83,57%.  Es posible sobrevenirse otra lluvia de demandas en contra de nuevos alcaldes municipales cordobeses, bien pudiera llegarse al topo de un 85% de la totalidad de 30 mandatarios locales. Grave, las “Castas Partidistas” derrocharon en el 85% de funcionarios (alcaldes, concejales, diputados, ediles de Montería y gobernador), incalculables y abultadas inversiones económicas. Encontrarse al mismo tiempo, los candidatos perdedores.  

En relación con los 105 concejales y 12 diputados envainados. Referentes las corporaciones públicas locales de: Montería, Cereté, San Carlos, Lorica, Tierralta, San Pelayo y Pueblo Nuevo.  A nivel de concejales, equivale al 23,33%, mientras la Asamblea Departamental, el 99%,  dado que, Gabriel Calle Aguas, de figura, excandidato segundo de votación a la gobernación.