La aprobación en segundo debate por el Senado de la República, al proyecto de ley por el cual se busca ratificar el ingreso de Colombia al tratado internacional - “Acuerdo de Escazú”, estableciendo la implementación en América Latina y el Caribe, siendo el primer tratado sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos de la región continental, significa un paso trascendental compuesto por cuatro pilares fundamentales: el acceso a la información, la participación ciudadana, la justicia en materia ambiental y la protección de defensoras y defensores ambientales.
La acción decisoria de la nueva legislatura nacional, coaligada con el gobierno Petro, logró imponer su mayoría de 80 votos por el sí, contra 19 de la bancada opositora. Todo un gran acierto de la primera sesión plenaria, tras negativas y rechazos al Acuerdo, que empezó a colarse en la agenda de Duque ante el estallido social que vivió el país durante el 2019, movimiento social que dejó en evidencia el descontento de la ciudadanía frente a las políticas ambientales de su gobierno.
Sin embargo, ad portas de la finalización de su mandato, las dilaciones para ratificar a Colombia en el Acuerdo de Escazú fueron una constante en el periodo legislativo culminado el último 20 del presente mes de julio, donde el Senado que debió legislar para materializar este compromiso, no lo hizo. Recuérdese, el 17 de mayo del 2022, la plenaria de la Cámara Alta para discutir y votar el proyecto, que se había programado ese día tuvo que ser suspendida y reprogramada un día después, por la falta de quórum. Varios congresistas del Centro Democrático y el Partido Conservador, adscritos al Gobierno, decidieron ausentarse.
Este tema se reconoce como una necesidad dentro del proceso de negociación del Acuerdo de Escazú. Es ampliamente conocida la situación de seguridad que viven los defensores de Derechos Humanos en asuntos ambientales en América Latina, la región más peligrosa para la defensa del ambiente. Colombia, de hecho, desde el último informe de Global Witness, ocupa el primer puesto con 65 defensores ambientales asesinados durante el año 2020. Hay una necesidad de profundizar en esta protección y en garantizar derechos que, sin duda, al no ser garantizados son los causantes de los conflictos socioambientales en la región.
Precisamente la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, en su intervención en esta plenaria expresó que “puedo decirle al país que los líderes sociales y sobre todo los lideres ambientales no tenemos mecanismos de protección. No pueden decirnos ahora que tenemos mecanismos específicos, porque no existen, no tenemos un análisis especifico del tema de los ambientalistas que nos queremos quedar en el territorio, porque la solución no es sacarlos del territorio porque nosotros estamos dedicados a defender el territorio, ese es nuestro deber ser”
Se destaca hoy en Colombia, la llegada de un nuevo presidente y Congreso; sobre todo, cuando “Jamás había ocurrido que un partido de gobierno se opusiera a una propuesta del gobierno como con el Acuerdo de Escazú en un país repleto de atrocidades, donde campea la impunidad y la injusticia social”.
Hallándose allí, el impacto ambiental, conocido también como impacto antrópico o antropogénico, en virtud a la alteración o modificación causada por la acción humana sobre el medio ambiente. Dado a que todas las acciones del hombre suelen repercutir de alguna manera sobre el medio ambiente. No siendo extraño que, la evidencia de que la actividad humana está influenciando un proceso de calentamiento climático global acelerado debido a la concentración de gases de efecto invernadero, con los consecuentes impacto negativos sobre la salud de los seres humanos, su seguridad alimentaria, la actividad económica, el agua y otros recursos naturales y de infraestructura física.
Colombia en especial, a partir del nuevo Parlamento y Gobierno, dan un salto certero a la viabilidad del Acuerdo de Escazú, con miras de comprometerse a estabilizar la emisión de gases de efecto invernadero. Así, el mandato de Gustavo Petro, tiene como principio fundamental que los países deben tomar medidas precautorias para anticipar, prevenir o minimizar las causas del cambio climático.
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