LA LUCHA POR LA TIERRA EN COLOMBIA: GÉNESIS DE UN CONFLICTO QUE NO ACABA

Faltaba la llegada de un presidente de las cualidades humanas, como Gustavo Petro Urrego, para tratar las causas del conflicto social y armado en Colombia a partir de la lucha por el acceso a la tierra. Es menester recordar ahora con el acuerdo Gobierno- Fedegán, sendos comentarios analíticos de sociólogos y politólogos: “el problema de la tierra, el punto más álgido para la solución al conflicto social del presidente Petro”.

Jamás podría desconocerse, la historia de violencia en la que se ha visto sumergido el país desde el siglo XX hasta la actualidad ha tenido múltiples causalidades, así como diversos propósitos y fines, escenarios de conflictividad que no se han logrado solucionar por las pocas herramientas institucionales que se han generado y por las mínimas voluntades políticas para la resolución de conflictos por parte de quienes tienen la capacidad institucional para promover y plantear salidas a las diferentes problemáticas que han generado las causas intrínsecas de un conflicto social y armado.

Situación tal, analizada entre otros analistas, por el politólogo de la Universidad Nacional, Freddy Pineda.

Pudiendo decirse hoy, luego de una intensa lucha de 120 años, en la que también aparece el territorio departamental de Córdoba; causas predominantes de mayor relevancia en la historia del conflicto social del país, manifestación con todo tipo de confrontaciones agrarias donde, como lo han planteado Darío Fajardo y Mario Arrubla, en las memorias de guerra y dignidad del Centro Nacional de Memoria Histórica, desde sus escenarios.

Este fenómeno social, sin existir interés de gobiernos anteriores, lejos de políticas públicas, dentro de sus actos de violencias, ha ocasionado miles de muertes de campesinos y dirigentes agrarios. Por lo que, entonces ese problema agrario pareció entonces definirse por la existencia de la gran propiedad territorial explotada en forma ineficiente, con base en el trabajo de campesinos, aparceros y agregados, régimen que no solo comprometía a las tierras habilitadas sino las perspectivas de apertura de nuevas tierras por la colonización, sobre las cuales los terratenientes estaban listos a reivindicar la vigencia de sus títulos. Situación ésta, comenzada a mirarse con “lupa” de claridad por el gobierno Petro.

Es de conocimiento los obstáculos que ha habido para la tenencia de la tierra al campesinado colombiano, desde el gobierno Lleras Restrepo, a través de una reforma agraria a medias y con algunas soluciones a pedazos y encontrando complejo adentrarse en un proceso real de reforma agraria, el cual pudo tener distribución o intento de romper la antigua estructura latifundista de la tierra, pues los grandes terratenientes han utilizado todo tipo de prácticas para mantener la estructura clásica de sus propiedades.

La meta de recaudar tres millones y medio de hectáreas de tierra para cumplir con la reforma rural integral pactada en el Acuerdo de Paz, y así avanzar en la reforma agraria, es una de las metas a corto y mediano plazos del gobierno de Gustavo Petro.

Para ello, ya se anunció un acuerdo de compra de tierras con Fedegán y se está realizando un inventario de los bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para tener certeza de cuántas hectáreas de tierra hay disponibles y cumplirles a las víctimas del conflicto en la ruralidad. Este inventario responde sobre todo a la posibilidad de que existan irregularidades en el manejo de los bienes, como lo ha denunciado Petro.

Se ha conocido de fuentes oficiales la Gerencia de Inmuebles Rurales de esa entidad tendría preliminarmente disponibles 50.000 hectáreas de tierra en extinción de dominio a favor del Estado. De ese total, 33.039 hectáreas cumplen con las características para que beneficien a las víctimas del conflicto armado o aporten a la reforma agraria a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), así como a procesos con la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Agencia Nacional para la Reincorporación (ARN).

Con la Agencia de Reincorporación y Normalización, por su parte, ya acordaron la entrega en los próximos días dos unidades productivas para que exguerrilleros de las Farc en Fusagasugá (Cundinamarca) y Palmira (Valle) puedan sembrar diferentes productos agrícolas. “Esas unidades productivas buscan fortalecer el proceso de reincorporación y seguir aportando a los proyectos productivos de esa población.

Además, uno de los hallazgos que llama la atención es que en departamentos como Risaralda, tan afectado por el coletazo del cartel de Cali y el cartel de Medellín en los años 80 y 90, apenas hay 34,2 hectáreas de tierra rural en extinción de dominio. También es de anotar, algo similar sucede con Antioquia, uno de los departamentos más afectados por la violencia paramilitar y el narcotráfico, cuna del cartel de Medellín y la herencia de Pablo Escobar, en donde únicamente se podrán entregar 67,3 hectáreas. En el caso de Antioquia la mayor parte de las tierras está en el municipio de Fredonia, al suroeste y que aportará 36,4 hectáreas de las 67,3 en total. En ese municipio se llevaron a cabo varios operativos en 1993 que pretendían dar con el paradero de varios integrantes del Cartel de Medellín. Además, el grupo Perseguidos Por Pablo Escobar (Pepes) tuvo control sobre la zona rural de Fredonia a finales de los años 80 y comienzo de los 90.

EL CARIBE Y SUS HISTÓRICOS CONFLICTOS POR LA TIERRA

Esta región colombiana, dentro de su historial en confrontación agraria, tiene su origen prácticamente en el hoy territorio departamental de Córdoba. Básicamente a la concentración de tierras, entre suelos productivos y aluviones, acaparados por terratenientes; beneficiándose de la “amañada” legislación nacional, incluso desde épocas mucho más lejanas, remontándose al año 1773, cuando la Corona española creo el Resguardo Indígena Zenú por medio de Cédula Real. Siendo reconocido más tarde por la ley 89 de 1890 y las escrituras públicas 30 de 1927 y 1928, ambas de Chinú; con una extensión de 83.000 hectáreas. Puesto que, el pueblo indígena Zenú se encuentra ubicado en los resguardos de San Andrés de Sotavento en el Departamento de Córdoba y el de El Volao, en Urabá, habiendo diversos asentamientos pequeños en Sucre, Antioquia y Chocó.

El voluminoso libro “Tierra Profanada” impreso en los Talleres gráficos de Editolaser en Bogotá, año de 1995, con base en la minería indígena y el nuevo régimen minero, a comienzos del siglo 20 las distintas modalidades empezó a sentirse la presión de las poderosas compañías del petróleo en Colombia. Señalando una de esas modalidades siendo la de los agentes nacionales que buscaban tierras potencialmente ricas en hidrocarburos, con propósitos de posibles negociaciones o asociaciones lucrativas posteriores. Modalidades realizadas en diversos sitios de la Costa Atlántica, en el sentido de explotar el subsuelo. Apareciendo, además de Repelón, Turbaco, Usiacurí, las poblaciones cordobesas, San Andrés de Sotavento y Lorica, en esta última, el ahora corregimiento San Sebastián, sitio en el cual, es explorado el primer pozo petrolífero del Caribe y el segundo del país, después de Barrancabermeja.

Aunque buena parte de las tierras seguían bajo dominio del Resguardo de San Andrés de Sotavento, La supremacía del régimen del mismo resguardo limitaban las preferencias de los agentes petroleros, haciéndose necesario buscar alternativas para salvar el obstáculo petrolero. Sucediendo este caso, cuando en 1905, gobierno de Rafael Reyes, mediante la ley 55, y mediante series de acciones notariales en Chinú, con intervenciones de alcaldes del municipio de San Andrés de Sotavento, tras varias audiencias públicas entre miembros indígenas¸ un juez municipal del sitio elevó la escritura pública la cesión de los terrenos de la comunidad con vista a los títulos presentados. Entonces por escritura públicaNo.85 de 27 de julio de 1909 de la Notaría de Chinú, el personero municipal de San Andrés, Pedro Pablo Herazo, como representante de la nación, hace cesión al municipio representado por el Concejo Municipal en la persona de Manuel Pineda de los terrenos del respectivo resguardo Zenú. Desde ese tiempo, hace 113 años, el Reguardo Zenú de San Andrés de Sotavento, de acuerdo a Resolución del Cabildo Mayor, Resolución Nº 007 Diciembre 17 de 2010. Que el Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba – Sucre, es un territorio ancestral que se encuentra ubicado al noroeste de Colombia y cuenta con una extensión territorial de 83.000 hectáreas según escrituras de la corona española de 1773, con presencia de asentamientos indígenas en los Departamentos de Córdoba y Sucre en quince (15) municipios: San Andrés de Sotavento, Tuchín, San Antonio de Palmito, Chimá, Sampués, Purísima, Sincelejo, Momil, San Onofre, Ciénaga de Oro, Santiago de Tolú, Chinú, Tolú Viejo, San Antero. El artículo 63 de la Constitución Política determina que los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de los grupos étnicos, las tierras de resguardos, el patrimonio arqueológico de la Nación y demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

El Departamento de Córdoba, la génesis del conflicto por la tierra, es mantenido desde 1902, hace 120 años, existiendo ahora con el gobierno Petro gran posibilidad de encontrar soluciones claras. Siendo por ello, que el gremio campesino y agrario, está a las expectativa de contar prontamente con las tierras suficientes donde trabajar.

Confrontación agraria se ha presentado entre los adeptos de la concentración de la tierra, los cuales se han beneficiado de la legislación nacional para tener mayor propiedad rural; y los campesinos reclamantes de tierras que han clamado por una justa redistribución.