SUE PIDE PRIORIZAR REFORMA EDUCACIÓN SUPERIOR

Foto: Jairo Miguel Torres Oviedo: Presidente del SUE y rector Universidad de Córdoba. Ha permanecido atento con el impulso de reformas políticas estatales inherentes con beneficios para la Educación Pública Superior.

Una vez conocidas las apuestas de reforma a la Ley 30 de 1992, sobre la cual circulan a la fecha varios proyectos de Ley en el Congreso y de la que se resalta la intención del Ministerio de Educación Nacional de estructurar una propuesta antes del 20 de julio del presente año, sea lo primero exaltar la determinación del Gobierno Nacional de fortalecer la educación superior pública en el país, plantea, Jairo Torres Oviedo, Presidente Sistema Universitario Estatal-SUE Rector Universidad de Córdoba.

Sostiene al mismo tiempo, tanto en el reconocimiento de la existencia de un déficit estructural para las universidades públicas generado por la proyección de financiación con base en presupuestos de 1992 ajustados cada año sólo por la correspondiente indexación sin prever evolución y crecimiento, como en asumir nuevos retos de ampliación de cobertura, expansión de la Política de Gratuidad. Así también, como la necesidad de flexibilizar los procedimientos para el otorgamiento de nuevos registros de programas y del sistema de aseguramiento de la calidad actual, entre otros aspectos de gran importancia para robustecer y consolidar en nuestro país la oferta de educación superior de alta calidad.

Frente a este tema, si bien se comparte la necesidad de revisar integralmente la Ley 30 de 1992, se considera que este ejercicio debe obedecer a un análisis profundo de cada capítulo y tema, que pueda involucrar los procedimientos, los datos y cifras de expertos que trabajen día a día en el quehacer universitario, indica Torres Oviedo.

Advierte además, las apuestas regionales, nacionales y las metas globales, garantice la autonomía universitaria y la expansión de la docencia, investigación y extensión, la formación integral del estudiante, el impacto social y científico propio de la naturaleza universitaria; así mismo que la propuesta pueda contar con los conceptos jurídicos y financieros de los impactos a la misma.

Requerida entonces, la participación ciudadana y de los actores correspondientes; razón por la cual, para el sistema preocupan las restricciones de tiempo para llevar a cabo los mismos, máxime cuando es una ley que nos ha definido las rutas de operación de las últimas tres décadas y que la redacción de los nuevos textos o ajuste a los artículos actuales definirán el futuro de la educación superior del país.

En relación con el tema, estima igualmente, en este sentido, desde el Sistema Universitario Estatal se manifiesta la total disposición de contribuir en estos análisis, recomendando ampliar el tiempo de estructuración y revisión de la propuesta integral de reforma a la Ley 30 de 1992.

Entre tanto, sí de priorizar la reforma de los artículos 86 y 87 de la misma, de modo que pueda ser actualizada la fórmula de financiación para el sistema de educación superior público en el marco de modelo planteado por el SUE y acordado con el Ministerio de Educación Nacional, en los puntos principales, sobre los cuales ya se han efectuado los análisis respectivos y las correspondientes socializaciones con los diferentes actores.