ACUERDO DE ESCAZÚ: PRIORIDAD AMBIENTAL PARA CÓRDOBA

Se muestra una rayita de agua, más bien estancada, cubierta por la vegetación atrofiada de la que fuese Ruta Principal del Río Sinú, en jurisdicción del territorio pueblo Mateo Gómez.

Percibiéndose hoy, 65 años después de la influyente navegación fluvial Montería –Cartagena, un Puerto de Atraque a pocos metros, una especie de Bosque Acuático inundado o de de Algas.

La presente gráfica captada por la Revista MILENIO, este mes de julio se pudo hacer desde el Puente Vehicular, pero sin haber río, solo por el lleno de bolsillos de los recientes funcionarios públicos: Gobernador Orlando Benítez Mora, Alcalde de Cereté, Antonio Renals y el ex concejal nativo Daniel Hoyos.

HUGO MIGUEL BUELVAS POSADA: DIRECTOR MILENIO 

Prácticamente,  escaso un año de completarse el periodo presidencial, Gustavo Petro Urrego, este 15 de agosto del 2025, todo apunta oficializarse en Colombia, el tan retardado,  Acuerdo de Escazú, de acuerdo anuncios del Ministerio de Ambiente, agregando hallarse listo el borrador para expedirse un  decreto que implemente el organismo que fuese ratificado por el país en 2022.

Con fecha 3 del presente mes,  el Ministerio de Ambiente informó la información al sector de   diversos  actores, entre ONG, académicos  y comunidades, hallarse esperando: la publicación de un borrador  de decreto que eará la Comisión Internacional que establezca el Acuerdo de Escazú.

No obstante fijarse la fecha 15 del  mes en curso, tendiente la participación de la ciudadanía y los diferentes sectores sociales del territorio nacional, entendible la larga espera para que, la población general tenga la claro oportunidad de hacer sus aportes directamente en el diseño institucional respecto  la implementación del referido Acuerdo de Escazú en nuestro país.

La apertura indicada al 15 del  2025, permitirá que toda la ciudadanía en general haga su aporte a través de una mirada territorial,  en el proceso transparencia y la legitimidad del decreto”, aseguró la hasta hace poco ministra Lena Estrada, a través de un comunicado.

Según esa cartera, la creación de esta Comisión Intersectorial es fundamental para que se pueda asegurar la implementación “efectiva, participativa, con enfoque de derechos humanos, de género, étnico, territorial y generacional”.

Tras la ratificación del  Acuerdo de Escazú  por Colombia en 2022 y, después de un par de años de espera, la Corte Constitucional le dio su visto bueno, a pesar de que muchas personas en el sector ambiental esperaban que lo frenara.

Sabiendo tal atraso, en primer momento permite incrementar la transparencia en asuntos ambientales, pues fortalecerá el acceso a la información. El segundo reforzará la democracia ambiental, ampliando la participación ciudadana en todas las discusiones. El tercero mejorará la justicia ambiental al crear mecanismos judiciales ambientales. Y, finalmente, el cuarto será esencial para que no vuelvan a suceder crímenes de defensores ambientales. “Establece”, apuntaba Uprimny, “una protección especial a los defensores ambientales”.

Frente a la protección de defensores ambientales, el Acuerdo pretende “garantizar la promoción, protección y defensa de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales”, lo que implica asegurar entornos libres de violencia, amenazas y restricciones, es decir que sean seguros para todas aquellas personas, grupos u organizaciones.

Su principal interés inherente al Acuerdo de Escazú, en ocasión  al acceso a la información, el tratado regula el deber del Estado de generar, recopilar y difundir información ambiental de manera proactiva, oportuna, regular, comprensible y actualizada.

Concretamente el territorio departamental de Córdoba, en el que existen 20 de sus municipios geográficos incluidos en el  Acuerdo Escazú, factiblemente radica de dos tipos de ambientes naturales, el costero o zona costanera (Los Córdobas, Canalete, Puerto Escondido, Moñitos, -San Bernardo del Viento y San Antero), encontrarse ubicados o situados muy cerca al Mar Caribe, incluso próximo al agua. Existiendo problemas erosivos costeros, entre muchos más. 

El segundo componente, corresponde de acuerdo la medición geométrica poblacional menor de 50 mil habitantes, categorizados de la parte interior al eje territorial de Córdoba;  hallarse alejados relativamente al mar, incluyendo el sistema Valle, la llanura o la montaña (Valencia, San José de Uré, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo, La Apartada, Buenavista, siguiendo por  la misma característica geopolítica; San Carlos,  San Pelayo, Cotorra, Purísima, Momil, Tuchín, Chimá y Ciénaga de Oro). Pese Ciénaga de Oro y Puerto Libertador, tener 63.800  y 56.000 habitantes respectivamente este 2025-

JUSTICIA AMBIENTAL  ESCAZÚ

A nivel Departamento de Córdoba, el presente Acuerdo de Escazú, registra importantes perspectivas. Básicamente, referencia al ambiente natural siendo la suma de todos los componentes vivos y los abióticos que rodean  a un organismo o grupo de organismos.  Puesto que organismo se define el conjunto de órganos cuerpo  animal o   vegetal y de las leyes que  se rige. Digamos de otro modo: un ser viviente como los animales, las plantas, las bacterias y los hongos.  Además, un organismo es un ser  vivo que puede funcionar por sí mismo. 

Dentro de las razones atinentes para la Justicia Ambiental, en propuesta de la Mesa Departamental e incluida al PDN 2023-2030, sigue latente el recurso agua, partiendo de la Cuenca Hidrográfica Sinú, requerirse declarar el Río Sujeto de Derechos, en atención a la Ley 70 de 1093.   

Espere  en próximos informes,  beneficios ambientales del Acuerdo Escazú, para la totalidad territorial del Departamento de Córdoba, compaginados con ejes de la Justicia Ambiental- Justicia Social y  el aún Plan de Desarrollo Nacional.