Foto: Esta escena, solo es un asomo de la “Odisea” que, sufren los pacientes de las EPS en Colombia. Aquí en Montería, pacientes sisbenizados “ADULTOS MAYORES”, sometidos a largas esperas tras no contar con sistemas “Prioritarios de Citas”.
Además en IPS (farmacias), muchos medicamentos prioritarios a centenares de afiliados resultan agotados.
Así por encima, entre las EPS y gobiernos anteriores, se han derrochado 104 BILLONES de pesos. Cuando todavía, ex presidentes estatales, ex ministros de salud y congresistas, entre otros, siguen oponiéndose a la Reforma a la Salud que, al aprobarse más del 84% de la iniciativa gubernamental de sus 139 artículos, el país nacional empieza a tener nuevos despertares hacia otras esferas sociales.
Ese porcentaje ha sido aprobado en plenaria de la Cámara Baja, en donde se perfila que las EPS mínimamente tendrían un plazo de dos años, hasta 2025, incluso, para convertirse en GESTORAS DE SALUD Y VIDA: “GSV”, que hace cambiar de sigla automáticamente.
El derroche billonario y las muertes incalculables de pacientes, son entre las razones obvias para la Reforma a la Salud en Colombia. Del monto económico estimado, 81 Billones de pesos, pagados por el gobierno a las EPS, aun en la actualidad no son “auditados” por entes de control, debido las normas establecidas por la Ley 100, cuyo ponente fue Alvaro Uribe Vélez. Mediante un proceso de aporte obligatorio de todo residente, trabajador o pensionado.
Sin dudas, esta Ley 100 que, quedaría abolida con la Reforma a la Salud y la constitución de “Gestoras de Salud y Vida”, teóricamente un modelo de política Neoliberal, espectro ya caduco y enterrado, tanto en el mundo y Colombia concretamente.
El cuento de los 81 Billones de pesos, girados a las EPS, como “perro por su casa”, es confirmación hecha por Félix León Martinez Martín, Director de la Administradora de Recursos del Sistema General de la Seguridad Social de Salud- “ADRES”. Funcionario posesionado por la entonces Ministra de Salud de Petro, Carolina Corcho.
Entre tanto, la misma Carolina Corcho, acaba de anunciar otras “perlitas”, en que enreda a ministros de la salud, pertenecientes a gobiernos recientes, hablamos de (Gaviria- Pastrana- Uribe- Santos y Duque), al entregar deudas acumuladas por la cuantía de 23 Billones pesos, a clínicas y hospitales que, sumados a los denunciados por “ADRES”, dan 104 BILLONES DE PESOS.
En ese “trompo charro” están las negativas de los congresistas enemigos a la Reforma a la Salud. Hallarse en el Departamento de Córdoba: Marcos Daniel Pineda García (conservador), Fabio Amín Saleme (liberal), Johnny Besaile Fallad (U), Liliana Esther Bitar Castilla (conservadora línea David Bargul). Wadith Manzur Imbert (conservador - fórmula Marcos), Saray Elena Robayo Bechara (U), Nicolás Barguil Cubillos (conservador línea David) y Ana Paola García (U). Cuatro senadores y cinco representantes, nueve en total, quienes votaron el 29 de octubre por Erasmo Zuleta Bechara a la gobernación.
Después de la novena “clientelista”, la Reforma a la Salud, tras las funciones de ANDRE, siendo punto polémico el árticulo 49 aprobado, establece que las EPS en la actualidad operantes en la nación, lo continuarán haciendo por un plazo de dos años, siempre y cuando cumplan las condiciones de permanencia. Para más tarde transformarse en Gestoras de Salud y Vida.
Transformación de acuerdo con el proyecto de ley, no implica liquidación de las EPS, aunque sí, un proceso de disolución. Dado que, los “activos, pasivos, patrimonio, pasarán en bloque a la entidad Gestora de Salud y Vida con subrogación de todos los deberes, derechos y obligaciones, en los términos en que lo reglamente el Gobierno Nacional. Mientras que, el tránsito de los afiliados a cargo de las EPS que se transformarán, a las reglas de aseguramiento social en salud, será determinado igualmente por el Gobierno Nacional.
Al convertirse en Ley de la República, “Gestora de Salud y Vida”, será la Superintendencia Nacional de Salud la encargada de autorizar, por medio de acto administrativo, según el árticulo 50, las “GSV”, operarán como entidades de naturaleza privada, pública o mixta, contribuyendo a la gestión integral del riesgo en el territorio de salud asignado. Donde se le asignan 24 funciones, aclarando que, la única será en el manejo de los recursos económicos.
De esas solo 23 funciones, aparecen tales. Coordinar con direcciones departamentales, distritales o municipales el apoyo requerido por el Ministerio de Salud y Protección Social en la organización de las Redes Integrales e Integradas de Servicios a la planificación estratégica del desarrollo de la Red Integral a Integrada de Servicios de Salud; implementar mecanismos efectivos de Coordinación Asistencia al interior de las Redes antes señaladas.
Igualmente, habrá que ejecutar, bajo la dirección de las entidades territoriales y la ANDRE, las actividades de monitoreo y evaluación del desempeño de la red en el componente complementario; implementar salas situacionales que permitan el análisis de información; entregar informes periódicos del funcionamiento del componente complementario de las redes.
A cumplirse este 2023, exactamente 30 años de las EPS, su futuro añorado, ha sido eclipsado en virtud de sus capacidades no esperadas para enfrentar diversos desafíos en las mejoras de calidad de atención médica. Verse por ejemplo, las citas retardadas a pacientes prioritarios, con tan pésima atención durante el tiempo del virus Covid 19. Incluso, no llegarse a saber aún, las causas de incontables muertes de pacientes “entubados”, tanto en clínicas y hospitales.
“Aún en Montería, sigue muriendo gente afectadas por la Pandemia Covid”, sin que, llegar a obtener informaciones precisas de fuentes crediticias. Con la Reforma a la Salud, se espera un fortalecimiento adecuado de la supervisión y el control de las nuevas entidades: GSV.
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