Fragmentos del Informe Final de la Comisión de la Verdad
El Informe Final de la Comisión de la Verdad, es un documento necesario para el país y las nuevas generaciones, por eso, desde las páginas de Milenio, se irán publicando fragmentos de este valioso documento, que además de registrar la verdad histórica del conflicto armado, servirá de materia prima para las venideras políticas públicas que implementará el Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Hoy, compartimos, del capítulo “Los entramados del paramilitarismo”, el acápite “La parapolítica y la incursión paramilitar en las instituciones del Estado”
Miguel Alfonso De la Espriella, compadre de juramento de Uribe y uno de los firmantes del Pacto de Ralito.
Del Informe:
Políticos y funcionarios públicos fueron otro de los sectores ampliamente implicados dentro del plan paramilitar de «penetrar todo el poder político: alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, congresistas de las zonas que manejábamos [...] en últimas, poderes regionales que en suma garantizarían para las autodefensas un poder nacional» (1). Las relaciones entre política y paramilitarismo también fueron en doble vía, pues muchos políticos y funcionarios a su vez buscaron a los comandantes de los grupos paramilitares para beneficiarse de su poder armado. La profundidad y continuidad de estas alianzas llegó hasta el punto de que uno de los máximos responsables de las AUC, Vicente Castaño, afirmaba:
Hay una amistad con los políticos en las zonas en donde operamos. Hay relaciones directas entre los comandantes y los políticos y se forman alianzas que son innegables. Las autodefensas les dan consejos a muchos de ellos y hay comandantes que tienen sus amigos candidatos a las corporaciones y a las alcaldías [...]. Creo que podemos afirmar que tenemos más del 35 por ciento de amigos en el Congreso. Y para las próximas elecciones (2) vamos a aumentar ese porcentaje de amigos (3).
Declaraciones como estas, también por parte de Salvatore Mancuso, uno de los principales comandantes de las AUC, detonaron denuncias y solicitudes de investigación que fueron el inicio de las investigaciones de la llamada «parapolítica». Estas investigaciones llevaron a develar esta parte del entramado paramilitar que operaba sistemáticamente y cuyos objetivos eran legalizar el despojo producto del desplazamiento masivo, tener control de recursos económicos, obtener control político de las instituciones públicas y otros fines de beneficio personal de paramilitares, políticos y terceros. Estos mecanismos terminaron pervirtiendo los poderes públicos, como el Congreso y la política, y consolidaron diversas formas de clientelismo y corrupción.
Para varias de las regiones de presencia histórica del paramilitarismo, como lo afirmó la Corte Suprema de Justicia en su momento, la implicación de estos sectores fue determinante para el control del poder político paramilitar:
[...] la adhesión de los dirigentes políticos a ese proyecto de las autodefensas no operó por temor, miedo, reverencia o coacción, sino que fue el fruto de un contubernio consciente y voluntario con la finalidad de conservar, consolidar o adquirir el poder político y en ese propósito se llegó a cooptar con las autodefensas el poder público que dimanaba de las diferentes alcaldías y gobernaciones cuyo control por parte del grupo ilegal armado fue total en los departamentos de Córdoba y Sucre (4)
Esto implicó también la infiltración y penetración a instituciones públicas, incluyendo el robo de recursos públicos para financiar grupos armados, empresas o redes de colaboración. Así sucedió con entidades de salud –como múltiples hospitales del Caribe (5) o la EPS indígena Manexka (6)–, con diferentes ONG –como Asocomún (7)–, con instituciones educativas –como la Universidad de Córdoba (8)– y, en general, con un gran abanico de estamentos públicos, como secretarías municipales y departamentales de Hacienda, Educación, Salud y contratos de infraestructura, entre otros. A la vez, se cometieron asesinatos y desapariciones contra quienes denunciaban estos hechos y fueron estigmatizados como parte de la subversión.
La cooptación e infiltración de las instituciones no fue la única estrategia por parte de las AUC. A finales de los años noventa comenzaron a diseñar proyectos políticos que ya no pasaban por los partidos más tradicionales, sino por la consolidación de lo que percibían como un «acumulado solidario comunitario» (9) en las regiones donde tenían actividades más allá de las militares. Así nacieron proyectos como «Por una provincia unida», del Bloque Norte; «Por una Urabá Unida, Grande y en Paz», del Bloque Élmer Cárdenas; y el Movimiento Alternativo Regional (MAR) o Clamor Campesino Caribe, del Bloque Central Bolívar. Dentro de este giro hacia una actividad electoral propia, que no dependiera directamente de sus aliados, se hizo toda una serie de reuniones y se firmaron pactos y acuerdos regionales con políticos y candidatos, en los que tuvieron participación empresarios, poderes locales y narcotraficantes.
Entre los pactos, quizá el más emblemático ocurrió en junio del 2001 y fue conocido como el (primer) Pacto de Ralito (10). Los firmantes de este documento se comprometen a defender la independencia nacional, el derecho de propiedad y la unidad de la nación, así como otros derechos que citan de la Constitución de 1991. En los fragmentos más sonados está el llamado a la «irrenunciable tarea de refundar nuestra patria» y «firmar un nuevo contrato social». Sin embargo, hubo más pactos que no recibieron el foco mediático: el de la reunión de la Finca Las Margaritas, el de la cumbre de Caramelo, el de Chivolo, el de Granadazo, el de El Cañito, el de San Ángel, el de El Difícil, el de Granada, el de Puerto Berrío, el de San Rafael de Lebrija, el de la Lorena, el del Chocó, el de Singapur, el de Urabá, el de El Sindicato y el de Pivijay, entre otros que probablemente no tuvieron nombre (11).
Hasta el 2021, el análisis de la Comisión de la Verdad –a partir de 87 sentencias condenatorias hacia senadores, representantes a la Cámara y gobernadores condenados por estas relaciones y por pactos con las AUC– muestra la implicación comprobada y juzgada de 35 senadores y 37 representantes a la Cámara, así como 15 gobernadores en 18 de los 32 departamentos del país (12). Los senadores, representantes a la Cámara y gobernadores condenados por sus relaciones, acuerdos y alianzas con estructuras paramilitares asociadas a las AUC pertenecieron a doce partidos y movimientos políticos (13), algunos de los cuales tuvieron un papel protagónico en la persistencia de las alianzas. Estos hechos suponen un cuestionamiento profundo a la responsabilidad del Estado. Nada de esto se produjo en la clandestinidad, sino a plena luz del día y con las instituciones del Estado funcionando con supuesta normalidad.
Sin embargo, las investigaciones continúan y muchas de ellas han permanecido congeladas debido a los mecanismos de impunidad que la misma cooptación institucional garantizó, a través de la infiltración en instituciones responsables de las investigaciones en su momento, como la propia Fiscalía y por medio de la coacción, amenazas y asesinatos de funcionarios valientes comprometidos con el Estado de Derecho quienes sí han emprendido los caminos del esclarecimiento. Según un informe interno de la propia Fiscalía en el marco de su estrategia de paz, en solo uno de los casos de cooptación de su propia institución:
En Córdoba se estableció una red de cooperación y corrupción en los organismos de inteligencia y de administración de justicia que allanó el camino para que los crímenes cometidos por los grupos paramilitares se mantuvieran en la impunidad. Esto, se logró mediante la designación de fiscales que no daban impulso a los procesos u obstaculizaban y obstruían su desarrollo; o les entregaban información a los miembros del Bloque Córdoba (…). Así mismo, los miembros del Bloque Córdoba establecieron vínculos con algunos funcionarios de la Defensoría del Pueblo, pues estos [...] se encargaban de asignar los abogados a quienes caían presos, con el fin no solo de tramitarles libertades y representarlos judicialmente sino para asegurar que no se supiera que aquellos eran miembros de las autodefensas (14).
El esclarecimiento de la parte del entramado paramilitar que va más allá del brazo armado es una tarea pendiente para el país, y sin ella no existe la posibilidad de una verdadera construcción de la democracia. Como lamenta el mismo exmagistrado de la Corte en la investigación sobre parapolítica:
«No se pudo avanzar en lo que tendría que haber sido la conclusión. Después, esto simplemente languideció. Después del 2012, las investigaciones de la parapolítica languidecieron... En la Corte, sí, todavía estamos investigando a tal congresista, a tal excongresista, pero sin proyecto, sin comisión, en el trabajo individual, como antes, con un apoyo todavía del CTI, pero sin la perspectiva. Entonces, no sé... Lo que debía ser la conclusión de una gran investigación de parapolítica que, inclusive, pudiera presentar su informe final que revelara, por todas las relaciones con la Fiscalía en las investigaciones de otros funcionarios de otro nivel, cómo eran las redes de apoyo, las estructuras políticas vinculadas con las organizaciones paramilitares. Todo eso quedó frustrado» (15).
Notas:
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Acta aprobada n.° 84. Sentencia contra el exsenador Álvaro Araújo Castro, 18 de marzo de 2010, pág. 108.
2 Refiriéndose a los comicios legislativos del 2006.
3 Vicente Castaño. «Habla Vicente Castaño». Semana.. 4 de junio de 2005. https://www.semana.com/portada/articulo/habla-vicente-castano/72964-3/
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia. Procesados Jesús María Imbeth y otros. Bogotá, 12 de enero de 2012, pág. 3. Resaltado propio.
5 Por nombrar algunos, hospitales como el José Prudencio Padilla, de Barranquilla; el Materno Infantil, de Soledad (Atlántico), y el Central Julio Méndez Barreneche, de Santa Marta, fueron parte del botín al que se hizo el Bloque Norte.
6 Supersalud. Comunicado de prensa «Supersalud ordena liquidación de la EPS indígena Manexka». 28 de marzo de 2017. https://www.supersalud.gov.co/es-co/Noticias/listanoticias/supersalud-ordena-liquidacion-de-la-eps-indigena-manexka
7 «El Bloque Elmer Cárdenas igualmente creó y canalizó a través de la institución sin ánimo de lucro Asociación Comunitaria del Norte de Urabá y Occidente Cordobés (Asocomún), recursos y personal con el fin de intervenir en la vida política y social de la región del Urabá». Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz. Sentencia. Magistrada ponente Uldi Teresa Jiménez López, Condenado Fredy Rendón Herrera. Bogotá, 16 de diciembre de 2012, pág. 217.
8 Un exrector refiriéndose al que también fuera rector de la Universidad, Claudio Sánchez: «Claudio era de la organización, Claudio era AUC cien por ciento [...] Claudio sí era de la organización y era también como de una relación como familiar, de la familia de Mancuso y la familia de él». Entrevista 331-PR-02869 (hombre, docente, exrector Universidad de Córdoba).
9 Entrevista 142-PR-02479 (exsenador/procesado).
10 Este pacto fue diferente a los Acuerdos de Ralito, que fueron los acuerdos del proceso de desmovilización de las AUC.
11 Francisco Gutiérrez-Sanín. Clientelistic Warfare: Paramilitaries and the State in Colombia (1982-2007). Oxford: Peter Lang, 2019, pág. 273.
12 Los partidos de los imputados fueron: Partido Conservador, Partido Liberal Colombiano, Cambio Radical, Colombia Democrática, Convergencia Popular Cívica, Movimiento de Inclusión y Oportunidades, Partido de la U, Movimiento Integración Popular, Movimiento Renovador de Acción Social, Alas - Equipo Colombia, Convergencia Ciudadana y Movimiento Político por la Seguridad Social. Consultoría interna sobre parapolítica. Juan Diego Restrepo E. «Partidos políticos y paramilitarismo: “el Estado de autodefensa”».
13 Partido Conservador, Partido Liberal Colombiano, Cambio Radical, Colombia Democrática, Convergencia Popular Cívica, Movimiento de Inclusión y Oportunidades, Partido de la U, Movimiento Integración Popular, Movimiento Renovador de Acción Social, Alas - Equipo Colombia, Convergencia Ciudadana y Movimiento Político por la Seguridad Social. Comisión de la Verdad. Consultoría Juan Diego Restrepo E. «Partidos políticos y paramilitarismo: “el Estado de Autodefensa”», pág. 16.
14. Informe 365-CI-01914. Fiscalía General de la Nación. Informe sobre financiadores, colaboradores y socios del paramilitarismo en Antioquia, Córdoba y Chocó. Tomo I: Surgimiento, expansión, auge y desmovilización del paramilitarismo en Antioquia, Córdoba y Chocó. Informe inédito de uso interno. 2017, párr. 127.
15 Entrevista 001-VI-00044. Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.
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